Recortar en investigación y seguridad empresarial: un coste medible y temible.

El razonamiento equivocado

Cuando una empresa revisa su estructura de costes, los servicios de seguridad e investigación son frecuentemente los primeros candidatos al recorte. El argumento es aparentemente sólido: son costes difíciles de cuantificar, no están directamente vinculados a la producción, y su ausencia no se nota de forma inmediata. Es un razonamiento comprensible. Y es profundamente equivocado.

Este artículo no pretende defender el gasto en seguridad e investigación como un fin en sí mismo. Pretende examinar, con datos disponibles, qué ocurre cuando ese gasto se elimina o se reduce por debajo del umbral mínimo necesario. Y la conclusión, en la mayoría de los casos documentados, es que el ahorro aparente genera costes reales muy superiores al presupuesto que se pretendía eliminar.

El fraude interno existe, crece y tiene un coste medible

El punto de partida es verificar si el riesgo es real. Lo es. El fraude interno en las empresas españolas no es un fenómeno marginal ni exclusivo de grandes corporaciones. Según el informe de absentismo laboral del segundo trimestre de 2025 elaborado por Randstad, el absentismo total en España ha supuesto la pérdida del 7% de las horas de trabajo pactadas. No todas esas ausencias son fraudulentas, pero la tendencia al alza es consistente y su coste directo para las empresas es medible y creciente.

Las bajas laborales fraudulentas son la manifestación más visible. En 2023, el coste total de las bajas laborales en España superó los 9.000 millones de euros según datos de la Seguridad Social, y la tendencia sigue al alza. No todas son fraudulentas, naturalmente. Pero incluso una fracción pequeña de ese volumen representa un impacto económico significativo para las empresas que lo soportan directamente.

Lo relevante no es solo el coste directo de los salarios pagados durante la baja. Es el coste de sustitución, la pérdida de productividad, el impacto en los proyectos en curso y el deterioro del clima laboral cuando el resto del equipo percibe que el fraude es impune. Este último efecto, el moral hazard, es quizas el más difícil de medir y el más costoso a largo plazo: cuando los trabajadores honestos ven que el fraude no tiene consecuencias, el incentivo para ser honestos se erosiona.

La competencia desleal: el riesgo que se materializa cuando ya es tarde

El segundo vector de pérdida ligado a la desinversión en seguridad e investigación es la competencia desleal. Un directivo que se marcha con la cartera de clientes, un técnico que lleva los planos del producto a un competidor, un comercial que inicia su propia empresa utilizando la información que acumuló durante años en la compañía.

Estos casos no son excepcionales. Son estructurales en economías basadas en el conocimiento y en las relaciones comerciales. Y el momento en que se detectan suele ser demasiado tarde para reaccionar con eficacia: el daño ya está hecho, el cliente ya se ha ido, la información ya está en manos del competidor.

La empresa que no invierte en mecanismos de detección temprana no descubre estos casos en su fase inicial, cuando todavía hay margen de actuación. Los descubre cuando el impacto ya es visible en la cuenta de resultados. En ese momento, el coste de investigar, litigar y recuperar lo perdido es exponencialmente mayor que el de haber detectado el problema antes.

El coste de actuar sin prueba: el error que multiplica el daño

Hay un patrón recurrente en las empresas que desinvierten en investigación profesional: cuando finalmente detectan un problema y deciden actuar, lo hacen sin prueba suficiente o con prueba obtenida por medios que no tienen validez judicial.

Un departamento de RRHH que encarga a un empleado que siga a un compañero sospechoso. Un directivo que recopila capturas de pantalla de redes sociales sin metodología. Un responsable de seguridad que graba conversaciones sin cumplir los requisitos legales. El resultado en todos estos casos es el mismo: cuando el caso llega a un procedimiento judicial, la prueba es inadmisible y la empresa que intentaba defenderse acaba expuesta a una condena por vulneración de derechos fundamentales del trabajador.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de abril de 2025, en el conocido caso del registro de taquilla en una tienda de Zara, ilustra este riesgo con precisión: la empresa que actuó sin seguir el procedimiento legal acabó condenada a pagar más de 98.000 euros, incluyendo la indemnización por despido improcedente y la compensación por daño moral. El coste de haber contratado una investigación profesional habría sido, según los precios de mercado, entre 1.500 y 4.000 euros.

La asimetría del riesgo: pequeña inversión, grande exposición

El argumento más potente contra la desinversión en seguridad e investigación empresarial es de naturaleza matemática. La relación entre el coste de la medida preventiva y el coste de los daños que puede evitar es marcadamente asimétrica.

Una investigación de baja fraudulenta tiene un coste de mercado que varía entre 1.500 y 4.000 euros según la complejidad del caso. Una baja fraudulenta que se prolonga durante seis meses en un trabajador con salario medio puede representar un coste directo entre 15.000 y 25.000 euros, sin contar los costes indirectos de sustitución y productividad.

Una due diligence privada sobre un socio o inversor puede costar entre 2.000 y 6.000 euros. Una operación cerrada con una contraparte problemática puede generar litigios con costes de decenas o cientos de miles de euros, sin contar el tiempo de gestión directiva que consumen.

Esta asimetría es especialmente pronunciada en el caso de la competencia desleal: el daño de perder una cartera de clientes construida durante años es, por definición, difícilmente cuantificable y frecuentemente irreversible. El coste de haberla detectado a tiempo, con prueba admisible, es una fracción de ese daño.

Por qué las empresas medianas son más vulnerables

Las grandes corporaciones tienen departamentos de compliance, auditoría interna y seguridad que actúan como red de contención antes de que los problemas escalen. Las microempresas, por su tamaño, tienen una visibilidad directa sobre lo que ocurre en su interior.

Las empresas de entre 50 y 500 trabajadores están en la zona más expuesta: son suficientemente grandes como para tener estructuras opacas que facilitan el fraude interno, y suficientemente pequeñas como para no tener los recursos especializados que tienen las grandes. Son también las que con mayor frecuencia recortan en seguridad e investigación cuando ajustan presupuestos, precisamente porque no tienen un departamento especializado que defienda ese gasto.

Esta combinación hace que el fraude interno, la competencia desleal y las bajas fraudulentas tengan un impacto proporcionalmente mayor en la mediana empresa que en cualquier otro segmento. Y hace que el coste de desinvertir en prevención y detección sea, en este segmento, especialmente alto.

Lo que la investigación privada aporta que la gestión interna no puede aportar

La investigación privada profesional no es un lujo ni una medida excepcional. Es un servicio que resuelve un problema estructural: la empresa no puede investigarse a sí misma con garantías de objetividad, legalidad y validez probatoria.

La Ley 5/2014 de Seguridad Privada reserva la actividad de investigación privada a los profesionales con habilitación en vigor precisamente porque el legislador reconoció que la prueba que puede aportarse en un procedimiento judicial requiere garantías que la gestión interna no puede ofrecer. Un informe pericial de un detective habilitado puede ser ratificado ante el juez. Una grabación hecha por un empleado de la empresa, sin cumplir los requisitos legales, no.

La diferencia entre los dos escenarios no es solo procesal. Es económica: la empresa que actúa con prueba sólida gana los procedimientos y recupera los daños. La empresa que actúa sin prueba o con prueba inadmisible pierde el procedimiento, asume las costas y, en los peores casos, acaba indemnizando al empleado que defraudó.

Conclusión: el ahorro que no lo es

Desinvertir en investigación y seguridad empresarial reduce la línea de coste a corto plazo. Aumenta la exposición al riesgo a medio plazo. Y en los casos donde ese riesgo se materializa, genera costes reales que superan con amplitud el presupuesto que se pretendía ahorrar.

La pregunta pertinente no es si una empresa puede permitirse invertir en seguridad e investigación. Es si puede permitirse no hacerlo cuando el fraude interno, la competencia desleal o las bajas fraudulentas son riesgos reales en su sector y en su tamaño.

En la mayoría de los casos, la respuesta es que no puede permitírselo. Simplemente no lo sabe todavía.