La pérdida desconocida: lo que las empresas no saben que están perdiendo

El problema que no aparece en los estados financieros

Hay un tipo de pérdida que no aparece en la cuenta de resultados. No tiene una línea contable asignada. No genera una alerta en el sistema de control de gestión. Nadie la presupuesta, y precisamente por eso nadie la mide. Es la pérdida que genera el fraude que no se detecta, el daño que no se investiga, la irregularidad que se tolera porque actuar parece más complicado que mirar hacia otro lado.

Este artículo trata de ese tipo de pérdida. No de los fraudes que se detectan y se gestionan, sino de los que permanecen invisibles durante meses o años, acumulando un daño silencioso que en muchos casos solo se cuantifica cuando ya es tarde para revertirlo.

El fraude interno: más frecuente y más caro de lo que parece

En 2024, la firma española de inteligencia empresarial Marco&Co publicó un informe que cuantificaba las pérdidas medias por fraude interno en empresas españolas en 110.200 euros por caso. El dato proviene del análisis de casos reales investigados por la propia firma, y sitúa a España por encima de la media global en la tipología concreta de facturas falsas, presentes según ese informe en el 55% de los casos analizados en nuestro país, frente al 21% en el resto del mundo.

El dato es relevante no por la cifra en sí, sino por lo que revela sobre la estructura del problema: el fraude interno en España está concentrado en perfiles intermedios y ejecutivos, frecuentemente con varios años de antigüedad en la empresa, que conocen bien los sistemas de control internos y saben exactamente cómo evitarlos. No es el fraude del empleado recién incorporado que roba en el almacén. Es el fraude del responsable de compras que lleva años facturando a un proveedor ficticio vinculado a un familiar.

El mismo informe señala que en España solo el 28% de los fraudes detectados llegan a conocimiento de la empresa a través de canales internos de denuncia, frente al 48% que se detecta por esa vía a nivel global. Lo que en la práctica significa que la mayoría de los fraudes internos en empresas españolas no se detectan porque alguien los denuncia, sino porque alguien los investiga cuando ya hay indicios visibles de daño.

La diferencia entre detectar pronto y detectar tarde

El momento en que se detecta una irregularidad determina, en gran medida, el coste final que genera. Una baja laboral fraudulenta detectada en las primeras semanas puede resolverse con una investigación, un informe pericial y un procedimiento disciplinario. La misma baja, si no se investiga y se prolonga durante seis meses, genera un coste directo en salarios que puede superar los 15.000 euros, más los costes indirectos de sustitución y pérdida de productividad.

Un caso de competencia desleal detectado cuando el exempleado acaba de iniciar su actividad paralela todavía puede frenarse con una investigación que documente la conducta y una reclamación basada en prueba sólida. El mismo caso, detectado un año después, cuando el cliente ya se ha ido, la información ya circula entre competidores y el daño es difuso e irreversible, tiene un coste que difícilmente puede cuantificarse y aún más difícilmente puede recuperarse.

La lógica es simple y se aplica a cualquier tipo de irregularidad empresarial: el coste de actuar crece de forma no lineal con el tiempo. No es que actuar tarde sea un 20% más caro que actuar pronto. En muchos casos, actuar tarde significa que el daño ya no puede revertirse y que la única opción es documentar las pérdidas para un procedimiento judicial cuyo resultado es incierto y cuya duración puede medirse en años.

Por qué las empresas no actúan cuando deberían

La pregunta que surge de forma natural es por qué las empresas no actúan antes si el coste de la inacción es tan alto. La respuesta no es sencilla, pero tiene algunos patrones identificables.

El primero es la incertidumbre sobre los indicios. Cuando los primeros síntomas aparecen, la empresa no tiene certeza de que haya un problema real. Hay sospechas, hay comportamientos que no cuadran, hay números que no cierran del todo. Pero actuar sin prueba suficiente puede generar conflictos laborales costosos, acusaciones de acoso y, en el peor caso, procedimientos judiciales que la empresa perdería por no haber actuado dentro del marco legal.

El segundo patrón es el coste percibido de investigar frente al coste real de no hacerlo. Encargar una investigación privada tiene un coste visible e inmediato. El coste de no investigar es invisible y diferido. Los mecanismos cognitivos que hacen que los humanos sobrevaloren los costes inmediatos frente a los futuros se aplican aquí con toda su fuerza: la empresa ve el gasto de la investigación, no ve la pérdida que está acumulando por no actuar.

El tercer patrón es la dificultad de atribuir la pérdida a su causa real. Cuando una cartera de clientes se reduce, hay muchas explicaciones posibles. Cuando la productividad baja, se puede atribuir a decenas de factores. Cuando los márgenes se deterioran, el análisis financiero raramente apunta de forma directa a un fraude interno como causa. La pérdida desconocida lo es, en parte, porque los sistemas de medición de las empresas no están diseñados para detectarla.

Los casos que nunca llegan a los tribunales

Existe un sesgo de selección en la información disponible sobre fraude empresarial: los casos que se conocen son los que llegaron a los tribunales o los que alguna parte decidió hacer públicos. Los casos que no se detectaron, los que se detectaron pero no se investigaron, los que se investigaron pero no se probaron: esos no aparecen en ningún informe.

Sin embargo, son los más frecuentes. La mayoría de las situaciones de fraude interno, competencia desleal o baja fraudulenta no terminan en un procedimiento judicial. Terminan en un despido que la empresa acepta sin actuar disciplinariamente porque no tiene prueba suficiente, en una relación comercial que se deteriora sin que nadie identifique la causa, o en una pérdida de clientes que se atribuye a la competencia del mercado cuando en realidad responde a la acción de un exempleado.

Estas situaciones no generan jurisprudencia, no producen titulares y no aparecen en las estadísticas de fraude. Pero tienen un coste real para las empresas que las sufren, un coste que permanece invisible precisamente porque nadie lo investigó a tiempo.

Qué puede hacer la investigación privada que la gestión interna no puede

La investigación privada profesional resuelve el problema central que genera la pérdida desconocida: la asimetría de información entre quien defrauda y quien es defraudado. El defraudador conoce los sistemas de control internos y sabe cómo evitarlos. La empresa, que solo puede observar desde dentro, no tiene acceso a la información que revelaría el fraude.

Un detective privado habilitado opera desde fuera de esa estructura. Puede observar comportamientos en espacios públicos que la empresa no puede observar. Puede analizar fuentes abiertas con una metodología que produce prueba admisible en un procedimiento judicial. Puede verificar la coherencia entre lo que una persona declara y lo que realmente hace, sin acceder a información privada y dentro del marco de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.

El resultado es un informe pericial que convierte los indicios en prueba. Que transforma la sospecha fundada en documentación que un abogado puede usar, que un juez puede valorar y que una empresa puede convertir en la base de una decisión disciplinaria o de una reclamación de daños con garantías de prosperar.

La pérdida desconocida tiene solución, pero requiere actuar antes de tener certeza

La conclusión práctica de todo lo anterior es incómoda pero necesaria: la única forma de reducir la pérdida desconocida es invertir en detectarla antes de que se vuelva irrecuperable. Y eso significa tomar decisiones de investigación cuando todavía no hay certeza, cuando solo hay indicios, cuando la situación todavía puede revertirse.

Una empresa que espera a tener certeza antes de investigar está esperando, en muchos casos, a que el daño sea tan visible que ya no quede nada que investigar. La investigación privada tiene más valor cuanto antes se encarga, no cuanto más tarde.

Si en tu empresa hay indicios de fraude interno, de una baja laboral sospechosa, de competencia desleal o de cualquier otra irregularidad que no puedas documentar por tus propios medios, esa es exactamente la situación para la que existe la investigación privada profesional. No cuando ya tienes certeza. Ahora, que todavía hay margen de actuar.