Lo que le cuesta a una pyme de Lleida no investigar

Una provincia que crece con un problema que no se ve

La provincia de Lleida vive un momento de expansión industrial notable. El alcalde de la capital de provincia lo resumió sin rodeos en la conferencia 'Lleida Avança': la ciudad cuenta con trece áreas empresariales, casi 482 hectáreas de superficie industrial activa y el mayor crecimiento programado de suelo industrial de toda Cataluña. El Polígono del Segre se amplía con 55 hectáreas adicionales. El nuevo polígono de Torreblanca avanza en su tramitación. Las cifras de crecimiento económico de 2024 superaron en medio punto a la media catalana.

Pero esa expansión convive con un problema que pocos responsables de empresa ponen sobre la mesa: el absentismo laboral y, dentro de él, el fraude que nadie quiere calcular. Según datos de Randstad Research basados en la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE, la industria cerró 2025 como el sector con la mayor tasa de absentismo general de España, con un 7,5% de las horas pactadas perdidas. Y en Cataluña, ese dato industrial alcanzó el 7,4%, dos décimas por encima del año anterior.

Lleida no es una excepción. Es parte de esa estadística.

El tejido que sostiene la provincia: pequeño, resistente y expuesto

Las 35.442 pymes registradas en la demarcación de Lleida en 2024 representan el 99,9% del tejido empresarial y emplean a 130.669 personas, según el informe de PIMEC. Son empresas con márgenes ajustados, estructuras de RRHH reducidas y, en muchos casos, sin departamentos especializados en control de bajas o vigilancia de la incapacidad temporal. Son también las empresas que menos pueden permitirse absorber el coste de una baja fraudulenta prolongada.

Y sin embargo, son precisamente estas empresas las que con mayor frecuencia aguantan durante meses una situación de sospecha sin actuar. Las razones son comprensibles: incertidumbre sobre qué es legal, miedo a una demanda por vulneración de derechos, o simplemente la creencia de que el problema se resolverá solo. El resultado es siempre el mismo. Para entender qué puede y no puede hacer una empresa en esta situación, conviene partir de lo que establece la ley, descrito en nuestro artículo sobre qué puede hacer un detective privado

El coste que nadie suma

El gasto en bajas por contingencias comunes en España alcanzó los 28.987 millones de euros en 2024, un 14,45% más que el año anterior, según datos de la patronal de mutuas AMAT. De esa cifra, aproximadamente la mitad recae directamente sobre las empresas. El coste no es solo económico: cada trabajador ausente genera una carga sobre los compañeros que cubren su puesto, tensiones en los equipos, pérdida de productividad y, en algunos casos, nuevas contrataciones temporales que multiplican el gasto.

Lo que habitualmente no se calcula es el coste de no actuar cuando hay indicios. Una baja de seis meses con un salario medio de 1.800 euros supone más de 10.000 euros en prestaciones, más los costes indirectos. Si esa baja es fraudulenta y se detecta tarde, la empresa habrá pagado ese importe sin posibilidad de recuperarlo. Si se investiga con los medios legales adecuados y se acredita el fraude, el despido disciplinario es procedente y la empresa recupera el control de la situación.

La pregunta no es si investigar cuesta dinero. Cuesta. La pregunta es si ese coste es mayor o menor que el de no hacer nada. En la mayoría de los casos que llegan a nuestros despacho, la respuesta es clara.

Qué dice la jurisprudencia reciente

Uno de los argumentos más frecuentes que escuchamos de las empresas antes de contratar una investigación es que necesitan 'tener algo concreto' para poder actuar. Es una creencia extendida pero que el Tribunal Supremo ha matizado de forma relevante en los últimos años.

Doctrina del Tribunal Supremo — STS 551/2023, 12 de septiembre de 2023 | ECLI:ES:TS:2023:3677

La licitud de la investigación mediante detective privado no depende de que la empresa acredite indicios previos suficientes antes de contratar al investigador. La existencia o no de esos indicios es una cuestión de proporcionalidad, no un requisito de validez de la prueba.

Esta doctrina fue consolidada posteriormente por la STS 402/2025, de 7 de mayo (ECLI:ES:TS:2025:1994), que ratificó el criterio y cerró el debate sobre si la empresa necesita justificar la contratación del detective ante el tribunal. No lo necesita. Lo que sí necesita es que la investigación se haya realizado con respeto a los derechos fundamentales del trabajador y en espacios públicos o accesibles al público tal y como se detalla en nuestro artículo ¿Necesita la empresa acreditar sospechas previas?

Lleida, sus polígonos y el momento de actuar

El crecimiento del suelo industrial de Lleida trae oportunidades, pero también trae trabajadores nuevos, rotación, incorporaciones en sectores que no conocen bien el territorio y, con ello, un periodo de mayor vulnerabilidad para las empresas. Las empresas que se instalan en el Polígono del Segre o en las nuevas áreas de Torreblanca no traen consigo una cultura de gestión del absentismo adaptada al contexto local. Muchas vienen de territorios con menos incidencia de bajas por IT o con estructuras más grandes donde el fraude individual tiene menos impacto relativo.

En una pyme de 20 trabajadores, una baja fraudulenta prolongada puede representar el 5% de la plantilla inmovilizado durante meses. En esa misma empresa, contratar una investigación de detectives que acredite el fraude y permita un despido disciplinario procedente tiene un coste muy inferior al de mantener esa situación indefinidamente.

Si la empresa se encuentra en esta situación, el primer paso es conocer qué herramientas tiene a su disposición.

El informe del detective como prueba en el procedimiento laboral

La investigación privada no termina en la vigilancia. Termina en un informe pericial que debe cumplir requisitos formales y documentar los hechos de forma que pueda aportarse como prueba en un procedimiento de despido disciplinario ante el Juzgado de lo Social. Ese informe incluye la identidad y habilitación del detective, la descripción detallada de las actuaciones, la fecha y lugar de cada observación, y la documentación gráfica o audiovisual que acredite los hechos.

Un informe mal elaborado o que no respeta los límites legales puede ser inadmitido como prueba. Por eso la elección del detective no debería basarse únicamente en el precio.

Una decisión de gestión, no de desconfianza

La investigación de una baja laboral sospechosa no es un acto de hostilidad hacia el trabajador. Es una decisión de gestión empresarial, igual que una auditoría contable o una revisión de procesos. Las empresas que la plantean en esos términos tienen menos conflictos internos cuando deciden actuar y mejores resultados cuando el caso llega a juicio.

En Lleida, donde la mayoría del tejido productivo son pymes con recursos limitados, el margen para absorber fraude laboral sin consecuencias es muy estrecho. La pregunta que debería hacerse cualquier responsable de RRHH o gerente no es si puede permitirse investigar. Es si puede permitirse no hacerlo.

Sentencias referenciadas en este artículo

STS 551/2023, 12 de septiembre de 2023, Sala de lo Social — ECLI:ES:TS:2023:3677. Disponible en CENDOJ.

STS 402/2025, 7 de mayo de 2025, Sala de lo Social — ECLI:ES:TS:2025:1994. Disponible en CENDOJ.