La investigación profesional como escudo frente al fraude interno corporativo

El fin de la impunidad: La investigación privada como baluarte contra el fraude interno

El fraude cometido desde el interior de las propias organizaciones no solo erosiona el capital financiero, sino que compromete la viabilidad estratégica y la cultura corporativa. En este escenario, la investigación profesional se consolida como el único mecanismo legítimo para transformar la sospecha en prueba jurídica.

En el complejo ecosistema empresarial actual, donde la agilidad operativa a menudo colisiona con la rigurosidad de los controles, el fraude interno ha dejado de ser un riesgo latente para convertirse en una amenaza crítica. Ya sea mediante la desviación de fondos, la manipulación de inventarios o la falsificación de procesos administrativos, estas conductas socavan los cimientos de la confianza organizativa. Ante tal desafío, la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada establece un marco de actuación donde la investigación privada se convierte en una extensión necesaria de la seguridad corporativa.

El protocolo de detección y la legitimidad del encargo

La activación de una investigación profesional nunca es arbitraria. El legislador es claro: los servicios de investigación privada solo pueden ser contratados por terceros que acrediten un "interés legítimo". En el ámbito del fraude interno, este interés se manifiesta cuando los sistemas de auditoría o los canales de denuncia interna (whistleblowing) detectan irregularidades que requieren una validación externa y técnica.

La labor del detective privado en estos casos consiste en realizar las averiguaciones necesarias para la obtención de pruebas sobre conductas relacionadas con el ámbito económico y laboral. Este proceso debe ejecutarse bajo estricta observancia de los principios de razonabilidad, necesidad e idoneidad. La meta no es solo descubrir al responsable, sino documentar el iter operandi de forma que los hallazgos tengan validez jurídica plena.

Impacto en la seguridad y los resultados corporativos

Permitir que el fraude interno persista bajo el radar de la dirección tiene consecuencias que trascienden la pérdida monetaria inmediata. Impacta en:

• La equidad y el clima laboral: La impunidad ante el fraude desmotiva al talento íntegro y debilita la autoridad de los mandos intermedios.

• La protección de activos: La investigación profesional actúa como un fin preventivo, enviando un mensaje claro de que la organización dispone de medios eficaces de defensa.

• La responsabilidad del cumplimiento: Bajo el paraguas del compliance, los directores de seguridad tienen la función de identificar y evaluar riesgos que afecten al patrimonio de la entidad.

Garantías legales y ética profesional

Uno de los puntos más relevantes de la normativa actual es el equilibrio entre el derecho a investigar y la privacidad del individuo. Las investigaciones no pueden invadir la vida íntima ni utilizar medios que atenten contra el derecho al honor o el secreto de las comunicaciones. Cada intervención debe culminar en un informe único y detallado que refleje los medios utilizados y los resultados obtenidos.

Además, existe un estricto deber de reserva profesional que garantiza que la información obtenida solo sea accesible para el contratante y, en su caso, para las autoridades judiciales o policiales cuando el hecho investigado revista carácter delictivo.