El detective privado ante la competencia desleal: Blindaje jurídico y probatorio para la empresa

En un entorno de mercado cada vez más agresivo, la protección de los activos intangibles y el mantenimiento de una competencia justa se han convertido en prioridades estratégicas para cualquier organización. Uno de los riesgos más críticos es la competencia desleal, especialmente cuando emana de antiguos colaboradores o empleados actuales que vulneran sus deberes de fidelidad y exclusividad. En este contexto, la investigación privada no es solo un recurso de apoyo, sino un pilar legal indispensable para la defensa de los intereses corporativos.

La Ley 5/2014 de Seguridad Privada establece un marco riguroso que legitima y regula la actuación de los detectives privados en el ámbito mercantil y laboral, permitiendo a las empresas actuar frente a hechos que amenazan su operativa y reputación.

La legitimidad del encargo: El punto de partida legal

Para que una empresa pueda iniciar una investigación sobre conductas de competencia desleal, la ley exige la acreditación de un interés legítimo. Esto significa que la dirección de la compañía o el departamento de Compliance deben demostrar una causa justificada para la averiguación.

A diferencia de otras figuras de seguridad, el detective privado tiene la exclusividad legal para realizar averiguaciones sobre conductas o hechos privados relacionados con los ámbitos económico, laboral y mercantil. Esta especificidad garantiza que la prueba obtenida tenga validez en un proceso judicial posterior, siempre que se respeten los límites de la privacidad y la indemnidad de las personas.

El rigor en la obtención de la prueba

La investigación de la competencia desleal —como el desvío de clientes, el uso indebido de secretos industriales o el incumplimiento de pactos de no competencia— debe ejecutarse bajo principios estricto de proporcionalidad, necesidad e idoneidad6. La normativa es clara en sus restricciones:

• Respeto a la intimidad: Las investigaciones jamás pueden extenderse a domicilios u otros lugares reservados.

• Prohibición de medios intrusivos: No se pueden utilizar técnicas que atenten contra el derecho al honor, la propia imagen o el secreto de las comunicaciones.

• Reserva profesional: Los detectives tienen un deber de reserva absoluto sobre la información de sus clientes, garantizando la confidencialidad necesaria en asuntos corporativos sensibles.

El Informe de Investigación como herramienta estratégica

Cada servicio contratado debe concluir en un informe de investigación único. Este documento es la pieza clave para la toma de decisiones ejecutivas y para el éxito en sede judicial. En él se detallan los medios empleados, las actuaciones realizadas y los hallazgos directamente relacionados con el objeto de la investigación.

La relevancia de este informe radica en la obligación legal del detective de ratificar su contenido ante las autoridades judiciales cuando sea requerido. Esta ratificación dota a la empresa de una prueba testifical y documental de alta calidad, fundamental para sustentar despidos disciplinarios o demandas por daños y perjuicios derivados de la competencia desleal.

Reflexión para ejecutivos y responsables de cumplimiento

La intervención de un detective privado debe ser vista como una inversión en seguridad integral. En casos de competencia desleal, la rapidez y la profesionalidad en la obtención de pruebas pueden marcar la diferencia entre la pérdida de un mercado clave y la protección efectiva del patrimonio empresarial.

Para los directivos, la recomendación es clara: ante sospechas fundadas de prácticas desleales, se debe recurrir a despachos de detectives legalmente habilitados e inscritos en el Registro Nacional de Seguridad Privada. Solo así se garantiza que la investigación cumpla con los estándares legales de legalidad e integridad, proporcionando a la empresa el blindaje jurídico necesario para actuar con firmeza ante los tribunales.